Las empresas deben negociar la aplicación de los nuevos derechos digitales

Las empresas deben negociar la aplicación de los nuevos derechos digitales

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, confiere una serie de nuevos derechos a los trabajadores y trabajadoras recogidos en su Título X (Garantía de Derechos Digitales), que amplían los recogidos en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y que serán incorporados al Estatuto de los Trabajadores bajo un nuevo artículo.
En concreto, se refuerza el derecho a la intimidad al clarificarse en qué casos el empresario puede acceder al contenido de los dispositivos digitales entregados por el empleador (solo para controlar las obligaciones propias del trabajo), estableciendo criterios claros y públicos.
Estas garantías sobre el derecho a la intimidad se amplían a los dispositivos de videovigilancia y grabación de audio, así como a aquellos que informan de la ubicación del trabajador (geolocalización) obligando a las empresas a “informar con carácter previo, y de forma expresa, clara y concisa, a los trabajadores o los empleados públicos y, en su caso, a sus representantes, acerca de esta medida”.
Por otro lado, la nueva Ley consolida el derecho a la desconexión digital para todos los trabajadores en términos muy claros: “Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar”. Para reforzar esta garantía, las empresas deberán tener en cuenta la opinión de la representación de los trabajadores a la hora de concretar cómo se respeta y aplica en el día a día, así como las acciones formativas y de sensibilización que se llevarán a cabo para que todo el personal respete este derecho a la desconexión.

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