La modernización de la Administración de Justicia y el uso de nuevas tecnologías: LOS JUICIOS TELEMÁTICOS

La modernización de la Administración de Justicia y el uso de nuevas tecnologías: LOS JUICIOS TELEMÁTICOS

Sonia Vázquez Cobreros. CASTROALONSO. 

Abogada en Protección de Datos | Privacidad | IT | Legal 

El pasado 19 de septiembre se aprobaba la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, con el fin de establecer una serie de mejoras respecto del Real Decreto-ley 16/2020, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19, adaptando las medidas previstas en el mismo, ampliando en algunos casos los plazos para su aplicación e introduciendo nuevos aspectos en las mismas. Entre las nuevas medidas previstas, destaca la preferencia por las vistas telemáticas hasta 20 de junio de 2021, siempre que se cuente con los medios adecuados para ello. 

En este sentido, debemos ser conscientes del retraso considerable que existe en la Administración de Justicia en lo que a modernización y adaptación a las nuevas tecnologías se refiere.

Si nos retrotraemos en el tiempo, tras la aprobación de la Ley Orgánica 19/2003, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial con la que se daba comienzo al proceso de actualización de la Justicia, podemos observar que esta cuestión fue objeto de análisis en el año 2008, momento en el que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, aprobaba, el 12 de noviembre, el Plan de Modernización de la Administración de Justicia, incluyendo objetivos relacionados con la modernización e innovación y especialmente con la aplicación de las nuevas tecnologías, dentro del marco general más conocido como la E-Justicia, siguiendo los principios de transparencia y accesibilidad con el ciudadano, planteados en la Ley 11/2007, lo que derivaría en una mejora en el acceso a la justicia a través de la implementación de las ventajas ofrecidas por las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información para mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia, prestando un servicio de mayor calidad y más eficaz. Entre otras previsiones, uno de los objetivos primordiales radicaba en torno a la implantación generalizada del expediente electrónico, logrando la interoperabilidad entre los sistemas informáticos de los órganos judiciales y garantizando al ciudadano la posibilidad de realizar actos procesales a través de medios digitales, propiciando las comunicaciones electrónicas por vía telemática.

Con carácter posterior, la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial, establecía una serie de previsiones en pos de la modernización de la Administración de Justicia, relativas a la utilización de los medios electrónicos en el juicio oral (estableciendo que el documento electrónico que contuviese la grabación, siempre que incorporase la firma electrónica reconocida del Secretario judicial, constituiría el acta a todos los efectos), previendo la posibilidad de que las publicaciones de los boletines oficiales fuese sustituida, en los términos reglamentariamente establecidos, por la utilización de medios telemáticos, informáticos o electrónicos y modificando la regulación de las subastas judiciales, para permitir que bajo la dirección del Secretario judicial pudiesen efectuarse pujas electrónicas, siempre que se contase con los medios técnicos para ello.

Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia vino a regular los aspectos básicos del derecho a la utilización de las tecnologías de la información por parte de los ciudadanos y profesionales en sus relaciones con la Administración de Justicia, así como a establecer las condiciones necesarias para poder tramitar íntegramente en formato electrónico todos los procedimientos judiciales.

Por su parte, las Leyes 39 y 40/2015 establecían la necesidad de desarrollar un plan de transformación digital por parte de cualquier administración pública orientado a lograr una serie de objetivos relacionados con la modernización de la administración, facilitando el acceso a la información judicial a ciudadanos y profesionales, completando el desarrollo de los programas de presentación de servicios, seguridad y calidad, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia, aumentando la eficiencia y la eficacia a través del uso intensivo de las nuevas tecnologías, mejorando y agilizando los procesos y medios organizativos internos, potenciando y garantizando la interoperabilidad de los sistemas de información y comunicación. 

A pesar de las diferentes disposiciones normativas y de la calendarización propuesta, nuestra Administración de Justicia aún se encuentra lejos de haber logrado todos los objetivos establecidos.

La crisis del COVID-19 ha afectado a todas las administraciones públicas y significativamente a la Administración de Justicia, la cual se ha visto ralentizada de forma sustancial. Para paliar las consecuencias derivadas de la pandemia, tal y como se señalaba, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesarles y organizativas para hacer frente al COVID-19, en el ámbito de la Administración de Justicia que ha tenido su entrada en vigor el 20 de septiembre de 2020.

Concretamente, el Capítulo III regula las medidas de carácter organizativo y tecnológico, estableciendo la celebración de los actos procesales preferentemente mediante la presencia telemática de los intervinientes con el fin de prevenir contagios y garantizar la protección de la salud de las personas. La celebración de juicios preferentemente mediante presencia telemática se exceptúa, en el orden jurisdiccional penal, en los supuestos de procedimientos por delitos graves, o cuando cualquiera de las acusaciones interese la prisión provisional o se solicite pena de prisión superior a dos años, en los que la presencia física del acusado resulta necesaria.

Igualmente, se procede a la modificación de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, facilitando el acceso remoto a las aplicaciones utilizadas para la gestión procesal, con el fin de fomentar el teletrabajo. Asimismo, se modifica el sistema de identificación y firma reconocidos, procediendo a su disociación, en términos similares a los dispuestos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Partiendo de que el Real Decreto Ley no establece unos criterios de aplicación de medios tecnológicos ni requerimientos técnicos que la hagan conciliable con el principio de publicidad de las actuaciones judiciales o la confidencialidad exigida por las normas procesales y de protección de datos, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobó una Guía con pautas y recomendaciones orientadas a conciliar la celebración de actuaciones judiciales telemáticas con los principios y garantías establecidos en la normativa. En este sentido, la Guía recuerda que el artículo 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ya preveía, desde su reforma de operada por la Ley Orgánica 19/2003, de 24 de octubre, la posibilidad de realización telemática de actuaciones procesales. Sin embargo, acertadamente, el Consejo General del Poder Judicial subraya la necesidad aplicar las nuevas tecnologías respetando todas las garantías del proceso, siendo estas la que se adapten y permitan garantizar la confidencialidad, los derechos de defensa, la validez, integridad y calidad epistémica de la prueba o la garantía que aporta la inmediación.

La Guía advierte asimismo que las experiencias en el uso de tecnologías telemáticas en actuaciones judiciales son limitadas y que su aplicación para la práctica de actuaciones más complejas, precisan de un marco normativo más completo que el vigente, de una mayor inversión económica y de una apuesta decidida por las tecnologías por parte de las Administraciones prestacionales.  En este sentido, señala el Consejo General del Poder Judicial que el documento no se presenta como un texto definitivo, sino como un avance provisional para dar respuesta a las necesidades más inmediatas que se prevé que se van a plantear en esta materia una vez que se alce la suspensión e interrupción de términos y plazos procesales, y también una orientación sobre cómo actuar en caso de que la actual situación de alerta sanitaria se reproduzca en los próximos meses, permitiendo abordar la situación de una manera mucho más proactiva y efectiva.

Estas previsiones, hacen que vuelva a plantearse la necesidad de dar un impulso a la Administración con el fin de que se modernice de forma acorde al desarrollo tecnológico que la rodea. Sin perjuicio de que se plantearán obstáculos técnicos y de que se deberá garantizar, en todo caso, la aplicación de las nuevas tecnologías a través de alternativas racionales que logren el respeto a todos los principios legales, debe visualizarse la oportunidad que esta previsión normativa plantea, adoptando todas aquellas medidas que permitan conjugar el normal desarrollo del proceso judicial con la posibilidad de adaptar las actuaciones procesales de tal modo que se puedan articular de forma telemática.

Igualmente, hay que tener en cuenta las vicisitudes de cada fase del proceso, de tal modo que se pueda confirmar la necesidad y adecuación de la celebración de cada una de ellas respetando todos los principios legales. En este sentido, en lo referente a la audiencia previa, no se encuentra ningún impedimento en su celebración de forma telemática, permitiendo incluso mejorar la eficiencia y agilidad, derivando en una resolución de los procedimientos más ágil.

Uno de los principales inconvenientes detectados es la diversidad de plataformas digitales utilizadas por Tribunales y Juzgados y la falta de interoperabilidad entre las mismas, lo cual dificulta extremadamente que el proceso se articule de una forma fluida y lógica. Más allá de que resultaría oportuno disponer de una sola plataforma segura, homologada y creada ad hoc, esta cuestión pone de manifiesto la necesidad de desarrollar plataformas y sistemas de información, dentro de la administración, interoperables.

Con respecto a la publicación de las actuaciones judiciales, la Guía elaborada por el Consejo General del Poder Judicial, señala la necesidad de implementar un “tablón de anuncios virtual” al que puedan acceder no solo las partes implicadas en el procedimiento (siempre y cuando no tenga carácter reservado), si no cualquier tercero. De nuevo, se plantea la necesidad de adaptación y desarrollo tecnológico sobre estos tablones de anuncios, de tal modo que se pueda garantizar el visionado de las audiencias previas y juicios de forma pública.

Otra cuestión diferente que será objeto de análisis es el proceso penal, puesto que, a priori, las nuevas tecnologías no pueden sustituir el derecho de defensa ni el principio de inmediación. Ya en el año 2005, el Tribunal Supremo destacaba esta inconveniencia en una sentencia a través de la cual señalaba que las vistas orales no presenciales no garantizaban la inmediatez de la prueba, desestimando una sentencia que había sido dictada a través de un proceso telemático. Textualmente, el Alto Tribunal determinaba que “en el orden penal, mientras otros elementos probatorios, como los testimonios o las periciales, permitían la posibilidad de una correcta percepción a pesar de la distancia, el acusado no solo puede ser “objeto” de prueba a través del contenido de sus manifestaciones, sino que también representa un papel de sujeto activo en la práctica de las actuaciones que se desarrollan en el acto de su propio juicio. Por ello, determinaba que, “al no poder afirmarse la integridad del respeto a las garantías procesales habituales, la decisión acerca de la celebración de un juicio con la presencia mediante videoconferencia de los acusados requiere prestar inexcusable atención a criterios de proporcionalidad que relacionen el sacrificio de tales derechos con la relevancia de las causas que aconsejan semejante medida”. Es destacable el hecho de que esta previsión haya sido tenida en cuenta en el Real Decreto, concretamente en su artículo 19, el cual especifica que en el orden jurisdiccional penal será necesaria la presencia física del acusado en los juicios por delito grave. Sin embargo, es importante señalar que a finales de 2019 había en trámite alrededor de 2.835.149 asuntos de los que poco más del 25% eran penales. El resto correspondía a la jurisdicción civil, social y contenciosa administrativa, ámbitos en los cuales los juicios telemáticos tienen un gran potencial.

Por otra parte, pueden barruntarse problemas de adaptación en aquellos actos en los cuales se practiquen los medios de prueba admitidos en la audiencia previa o en la garantía de la unidad de acto, logrando que las declaraciones que se lleven a cabo en un mismo acto sean llevadas a cabo asegurando la separación e incomunicación en las declaraciones, de un modo similar a los juicios presenciales.

También podrían surgir dudas acerca de la identificación y autenticación de los intervinientes en el proceso. Si bien es cierto que existen diversas tecnologías muy avanzadas que permiten la comprobación digital de la identidad, no muchos Juzgados o Tribunales se encuentran modernizados de tal modo que puedan adoptar esas técnicas idóneas. En todo caso,  el artículo 229.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé lo siguiente “en estos casos, el letrado de la Administración de Justicia del juzgado o tribunal que haya acordado la medida acreditará desde la propia sede judicial la identidad de las personas que intervengan a través de la videoconferencia mediante la previa remisión o la exhibición directa de documentación, por conocimiento personal o por cualquier otro medio procesal idóneo, por lo que concluimos que existen diversos sistemas electrónicos que permiten la identificación de los intervinientes.

Relacionado con lo anteriormente expuesto, debemos ser conscientes de la brecha digital existente y la falta de medios puestos a disposición de la Administración para que esta pueda lograr una adaptación a la nueva realidad, a través de la adopción de todos los medios tecnológicos que posibiliten el normal desarrollo de un procedimiento, respetando la aplicación de todas las garantías procesales establecidas en la normativa. Recae sobre la Administración Pública la necesidad de facilitar medios, garantías adecuadas y medidas de seguridad suficientes a los Juzgados y Tribunales, de tal modo que, en cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno en el Real Decreto Ley, puedan llevar a cabo sus funciones normalmente, haciendo uso y beneficiándose de las funcionalidades facilitadas por las nuevas tecnologías.

La Administración Pública debe profundizar en la necesidad de adaptación de la justicia tradicional a las nuevas tecnologías, invirtiendo en ella y dotando de todos los medios y dispositivos necesarios a los organismos públicos, así como de un soporte y servicio técnico ágil y disponible. Tampoco debe olvidarse de la necesidad de formar específicamente al personal de la Administración de Justicia, incidiendo en la necesidad de que no solo conozcan las nuevas tecnologías puestas a su alcance, si no de que sepan utilizarlas convenientemente en redundancia del sector público y de los administrados. En este sentido, es destacable el proyecto que ha puesto en marcha el Ministerio de Justicia con el fin de permitir la retransmisión de las vistas judiciales en directo o consultarlas posteriormente desde la Sede Judicial Electrónica.

Paralelamente, es precisamente el sector público el que debe impulsar el uso y desarrollo de los avances tecnológicos, teniendo en cuenta la aparición de tecnologías disruptivas de las que puede obtener grandes beneficios, como blockchain.  En lo que se refiere al proceso judicial, el uso de estas nuevas tecnologías descentralizadas proporcionaría un proceso judicial seguro, transparente y eficiente. Igualmente, la naturaleza inmutable de las tecnologías blockchain las convierte en especialmente atractivas en lo que a medios de prueba se refiere, al estar dotadas de una fehaciencia probatoria que no tiene precedentes. La combinación de este tipo de algoritmos para juzgar casos basados en estadísticas, junto con la velocidad y eficiencia de la cadena de bloques para registrar datos, podría ayudar en el proceso de automatización del sistema de justicia. En este sentido, se plantea la necesidad de regular de manera específica esta cuestión teniendo en cuenta todos los interrogantes que surgen en relación con el valor probatorio del contenido registrado en el blockchain.

En conclusión, a pesar de los retos que la adaptación de los Juzgados y Tribunales a las nuevas tecnologías conlleva, los juicios telemáticos se plantean como una posibilidad legal, posible y necesaria, en cumplimiento de todas las garantías procesales legalmente previstas. De hecho, el derecho a la tutela judicial efectiva, así como a un proceso sin dilaciones indebidas, se verá reforzado a través de la celebración de juicios telemáticos. Eso sí, para que se logre una efectiva implantación de estos modelos logrando una efectiva modernización de la Administración de Justicia, se plantea como absolutamente necesaria la colaboración, fomento e impulso del uso de las nuevas tecnologías por parte de todos los actores involucrados, garantizando la correcta implementación de protocolos. Será igualmente necesario establecer las medidas de seguridad oportunas sobre las aplicaciones digitales utilizadas en los juicios telemáticos.

Nos encontramos en un momento de vital trascendencia para la Administración de Justicia, ya que puede lograrse la adaptación tecnológica del proceso judicial presencial, a través del uso de técnicas telemáticas.

Encontrándonos en una fase temprana,  y siendo conscientes de que aún queda por delante un largo proceso de adecuación, la situación actual derivada de la pandemia propicia un cambio que debería ser visto por la Administración Pública como una gran oportunidad en el avance de la utilización de las nuevas tecnologías en el ámbito judicial con el fin de agilizar la administración de la justicia en los juicios con prueba documental, acortando los plazos, proporcionando transparencia y asegurando el derecho a un juicio público con todas las garantías procesales. Nos encontramos, sin duda, ante un apasionante reto en el largo camino de la verdadera adaptación y transformación digital de la Administración de Justicia.

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