ERTEs en los tiempos del COVID-19

ERTEs en los tiempos del COVID-19

Tras la declaración del estado de alarma en España por parte del Gobierno debido a la dificultad para frenar la expansión de la epidemia, que ya se ha extendido por más de 175 países y afecta a más de 780.000 personas actualmente, de las que más de 37.000 han perdido la vida, y debido a la situación de confinamiento en la que nos encontramos inmersos, se ha generado una importante inseguridad laboral provocando el cierre temporal de cientos de empresas.

Se ha reducido la producción, el consumo y el turismo en la mayoría de países afectados, con las devastadoras consecuencias económicas que ello conlleva, obligando a los Estados a inyectar grandes cantidades de dinero para que el sistema siga funcionando. Aquí en España, se aprueba Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, en el que se recogen medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos, en particular las relativas a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Durante estos últimos días, los ERTES, han ocupado los titulares de muchos diarios y noticias, ya que el impacto del coronavirus ha llevado a muchas empresas a anunciar medidas extraordinarias para paliar los efectos de la crisis sanitaria en su actividad. Una de estas medias, a las que pueden adoptar en situaciones excepcionales las empresas, es el Expediente de Regulación Temporal de Empleo, conocido como ERTE. En base a esta medida, recogida en la legislación laboral, los empresarios pueden suspender los contratos de trabajo o bien reducir la jornada laboral de sus trabajadores temporalmente (pueden realizar ambas medidas a la vez, afectando a diferentes trabajadores), siempre y cuando existan causas justificadas, y en concreto cuando existan causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o derivadas de fuerza mayor.

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, establece el procedimiento especial para la suspensión de contratos de trabajos (ERTE) por la crisis del coronavirus. El RD 8/2020 establece que podrán acogerse al ERTE por fuerza mayor todas las empresas que, tanto antes como después de la declaración del estado de alarma, se hayan visto paralizadas por decreto o su actividad haya quedado seriamente afectada por motivos directamente relacionados con la pandemia del coronavirus. En concreto, Trabajo identifica algunas actividades que están incluidas en estas circunstancias, como los museos, las salas de fiestas, los bares y restaurantes, los parques de atracciones y las que ofrecen la práctica deportivo-recreativa de uso público, entre otras muchas.

Para que la empresa pueda llevar a cabo un ERTE por fuerza mayor, debe justificar la vinculación de la suspensión o reducción de la actividad empresarial con la situación de crisis del coronavirus, si no se puede justificar, la empresa deberá acudir al ERTE económico o productivo, también el RD 8/2020 modifica las reglas generales, estableciendo plazos de tramitación más breves.

En los  ERTE por fuerza mayor derivados del COVID-19, se establece unos trámites reducidos para los expedientes y algunas pautas específicas, como la exoneración del pago de las cuotas de Seguridad Social de las empresas con menos de 50 trabajadores (o del 75% de la cuota para empresas con 50 o  más trabajadores).

Se establece también la obligación por parte de la empresa del mantenimiento del empleo durante el plazo de 6 meses tras el fin del ERTE de los trabajadores afectados.

Por parte de los trabajadores afectados por el ERTE por fuerza mayor, la principal ventaja es que tendrán derecho al reconocimiento de la prestación por desempleo, aunque no hayan cotizado el período mínimo necesario para ello, y además no se consumirá la prestación por desempleo, por lo que el contador del paro quedará a cero. En cuanto al importe que los trabajadores afectados por el ERTE van a cobrar, este será del 70% de la base de cotización en base a un cálculo con los 180 últimos días cotizados, o menos si no se llega a esa cantidad. Eso sí, puede acordarse con la empresa algún tipo de complemento salarial, como están haciendo muchas empresas, que complementan el importe recibido por sus trabajadores, y lo cubren hasta el 90% o el 100%.

Las personas afectadas por un ERTE de este tipo no deben realizar ningún trámite para solicitar su prestación. Son las empresas que han presentado un ERTE por dichas causas las que harán la solicitud colectiva de las prestaciones por desempleo en nombre de todos los trabajadores afectados ante el SEPE. Lo único que tiene que hacer el trabajador es autorizar a su empresa para que envíe sus datos. Además, los trabajadores tienen la posibilidad de impugnar la medida acogida por la empresa, en un plazo de 20 días.

El gobierno con estas medias pretende minimizar el impacto, reforzar la protección de los trabajadores, las familias y los colectivos vulnerables y apoyar la continuidad en la actividad productiva y el mantenimiento del empleo. Equipos de futbol, grandes empresas del automovilismo, de restauración, de moda, grandes hoteles, compañías aéreas.. cientos y cientos de empresas se han visto obligadas a acudir a estos ERTE, para poder hacer frente a la gran crisis que el COVID-19 está provocando en nuestra economía, y afecta ya a más de 1 millón de trabajadores en toda España.

No obstante, el importante volumen de ERTE presentados desde la declaración del estado de alarma hacen necesario arbitrar nuevas medidas e instrumentos que contribuyan a paliar los efectos que las excepcionales circunstancias de confinamiento tienen sobre los trabajadores y empresas del territorio nacional. Y en ello estamos. Nunca antes habíamos tenido que lidiar con un escenario como este, con la alteración grave y sin precedentes de nuestra vida cotidiana, familiar, laboral, cuyo impacto se revela devastador tanto a nivel profesional como personal. Nos queda mucho por lo que luchar y es el momento de que el conjunto de la sociedad se mantenga unido, arrimar el hombro, actuando con flexibilidad, responsabilidad, solidaridad y eficacia, y dejando atrás miradas individualistas y cortoplacistas, en favor del beneficio colectivo.

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