COVID y Justicia telemática: la irrupción de la disrupción

COVID y Justicia telemática: la irrupción de la disrupción

Tras la publicación el pasado 28 de abril del Real Decreto-ley 16/2020, de las medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de la Justicia, se otorga preferencia al uso de las herramientas telemáticas en la celebración de los actos procesales durante el estado de alarma y los tres meses posteriores, salvo en aquellos procedimientos que, por su gravedad, se estime necesaria la presencia física del acusado.

Un salto tecnológico que se constituye, tras la lectura del Real Decreto-ley y de las directrices europeas alineadas con la dinamización de actos judiciales, como el principal foco de incertidumbre por su falta de concreción acerca de las pautas y procedimientos tecnológicos que han de considerarse con objeto de no limitar las garantías procesales.

La simbiosis de los equipos de trabajo: una cuestión procesal y tecnológica

Alinear las herramientas telemáticas con el proceso judicial es crucial para el éxito de la transformación digital. Para conseguirlo, se ha de trabajar con equipos colaborativos y transversales capaces de compartir un mismo lenguaje y una misma visión de las necesidades y de los medios para llevarlas a cabo con criterios de eficacia, eficiencia y usabilidad.

Garantizar la grabación de las vistas o gestionar los roles y sus respectivas intervenciones son cuestiones acuciantes, como también lo es garantizar la seguridad de las comunicaciones por cualquiera de las dos vías posibles hoy día.

La primera admite la utilización de productos comerciales que cifren la información de extremo a extremo con herramientas de código cerrado y bajo la propiedad de una determinada marca comercial; la segunda, supone escoger entre el desarrollo interno o la adaptación de herramientas de código libre en las que para la gestión habrá de existir en todo momento un rol de moderador y por tanto, un control único de la vista, de las grabaciones y de las salas de espera donde aguardan los testigos a la vista.
Pero su implantación no es sólo técnica sino también pedagógica: además de la formación, habrá de atenderse también a la importancia de la concienciación de los usuarios. Otro punto crucial será el acceso a la gestión documental requerida durante todo el proceso judicial, garantizando siempre la trazabilidad y la custodia de todos los datos almacenados.


Gestionar la incertidumbre

La migración hacia un sistema telemático entendemos no debe ser una medida de carácter excepcional ligada exclusivamente a la situación de crisis generada por el COVID-19, sino un acicate para adaptar la Justica a la realidad actual, así como una oportunidad para dotar de seguridad jurídica a una tendencia –la de los juicios online– ya explorada en otros países de nuestro entorno.

Su implementación no supondría solamente un ahorro evidente en costes y tiempos, sino también una mayor protección y seguimiento de todo el proceso a través de la tecnología: el despliegue de una política proactiva de ciberseguridad supondría un gran escudo de protección ante filtraciones con gran impacto mediático (documentos, imágenes e incluso vídeos).

Sabemos que la simbiosis legal-tecnológica es posible porque lo vivimos cada día en Castroalonso. La innovación y el continuo desarrollo e integración de las tecnologías de gestión, las videoconferencias y la ciberseguridad aportan soluciones escalables, flexibles y seguras para acometer la próxima transformación de la Justicia.

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